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¿Y entonces, todos pasaron?

Foto del escritor: Estudio Elefante Consultores en Educación
Estudio Elefante Consultores en Educación
hace 5 minutos
4 min de lectura

Director General de Estudio Elefante 


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Somos Estudio Elefante. ¡La fuerza detrás de las grandes ideas!


Cuando evaluar deja de ser una oportunidad para aprender y se convierte en un ejercicio de clasificación.

Hace unos días durante una reunión de seguimiento en uno de los procesos que estamos asesorando, un directivo se pronunciaba frente a los resultados preliminares de una evaluación que se adelanta a un grupo de instituciones educativas en los siguientes términos “3.49/4.00 ¿es como alto no? ¿o sea que todos pasaron?” Honestamente quedé mudo después de escuchar esto. 


Inmediatamente se vino a mi mente esa perversa idea de la evaluación como un instrumento de control, como un agente que verticaliza las relaciones de poder, en lugar de convertirse en una oportunidad para aprender y construir conjuntamente. No es una distinción menor: la investigación sobre evaluación formativa ha mostrado que la información que produce una evaluación adquiere valor pedagógico cuando se utiliza para retroalimentar y modificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, no cuando se limita a clasificar a quienes participan en ellos (Black & Wiliam, 1998).


La apreciación hubiera podido quedar como una anécdota en la reunión, deplorable para un directivo del sector, pero anécdota que se olvida después de dos o tres reuniones. Sin embargo, la cosa continuó con una indagación en la cual se buscaba que el equipo a cargo del proceso le presentara una comparación de este resultado con los resultados del modelo que se emplea en otras ciudades en otro tipo de instituciones. Evidenciando un afán descarado por poder reducir el análisis que se adelanta a un simple ejercicio de comparación en el que, a manera de cadetes para la marina, se aceptan como válidos los que miden por encima de cierto mínimo y se descartan todos los demás.

Para este punto, la conversación había derivado en la evaluación no sólo como instrumento para el ejercicio del poder, sino reducida a su versión sumativa más elemental: la presunción de que una calificación, por sí sola, constituye evidencia suficiente del valor y la calidad de aquello que se evalúa.

La cereza del pastel vino cuando, a manera de cierre, propuso que en lugar de realizar un proceso como el que se viene desarrollando, metódico, cuidadoso, analítico, se aplicara una encuesta a todas las instituciones educativas de la ciudad, sin considerar sus procesos previos de autoevaluación y mejoramiento continuo, bajo el argumento de que “la acreditación debería ser obligatoria para todas”.


Fue allí cuando entendí que no había nada más que decir en esa reunión. Me encontraba frente a una persona que no sólo tenía una comprensión exigua de la evaluación, sino que confundía las condiciones habilitantes para el funcionamiento de una institución educativa con aquellas que permiten reconocer públicamente su alta calidad. Las primeras establecen los mínimos exigibles para operar; las segundas suponen una valoración integral de la capacidad institucional para autorregularse, demostrar sus logros y sostener procesos de mejoramiento permanente.


Son dos escenarios diferentes y no deberían confundirse: una cosa es la autorización o habilitación necesaria para prestar el servicio educativo y otra el reconocimiento de niveles o atributos adicionales de calidad. Aunque cada país articula estos mecanismos de manera distinta, la diferencia resulta esencial para entender qué se exige para operar y qué se reconoce como alta calidad.


Alguien señalará que existen sistemas en los que la acreditación institucional es obligatoria. Es el caso de Chile desde la reforma introducida por la Ley 21.091. Allí, sin embargo, la acreditación forma parte de un sistema de aseguramiento de la calidad basado en criterios, estándares y una evaluación integral. La obligatoriedad del proceso no lo convierte en una encuesta destinada a separar a quienes “pasan” de quienes “no pasan”.


Algo semejante sucede en Florida, aunque bajo una arquitectura distinta. Allí, las instituciones postsecundarias privadas sujetas a la jurisdicción estatal deben obtener una licencia para operar y demostrar que cumplen estándares mínimos. La acreditación institucional es una figura diferente, otorgada por organismos acreditadores reconocidos, aunque puede producir efectos regulatorios o servir como mecanismo de licenciamiento en determinados casos. Confundir licencia y acreditación sería, precisamente, repetir el error que aquí se cuestiona.


En Colombia, la distinción es explícita. Mientras existen condiciones obligatorias para autorizar la prestación del servicio educativo, la acreditación en alta calidad constituye un reconocimiento adicional y voluntario. No es casual que el modelo del CNA articule este proceso alrededor de la autoevaluación, la evaluación por pares, la autorregulación y el mejoramiento continuo. La acreditación reconoce la alta calidad de una institución o un programa; su ausencia, por sí misma, no constituye una declaración de que una institución presta un servicio deficiente.



Conviene recordarlo porque detrás de estas distinciones hay algo más importante que un procedimiento administrativo. El artículo 67 de nuestra Constitución establece que corresponde al Estado regular, inspeccionar y vigilar la educación para velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación de los educandos (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 67). La calidad, entonces, es una responsabilidad que alcanza a todo el sistema educativo; la acreditación es una forma particular de reconocer públicamente niveles superiores de esa calidad.


Tal vez allí esté la distinción que aquella conversación me ayudó a recordar. 

Evaluar no debería consistir en decidir apresuradamente quién pasa y quién pierde, quién merece confianza y quién deja de merecerla. Debería ayudarnos a comprender dónde estamos, reconocer lo que hacemos bien, identificar aquello que debemos transformar y tomar mejores decisiones para seguir avanzando.

En Estudio Elefante sabemos por experiencia que el verdadero valor de una evaluación no esté en la clasificación que produce, sino en las conversaciones, las preguntas y, sobre todo, las mejoras que es capaz de provocar.


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