Las universidades ya no compiten por estudiantes, compiten por confianza
Socio-Consultor Estudio Elefante
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Financiación, inteligencia artificial y participación estudiantil parecen debates distintos. En realidad, todos están empujando a las universidades hacia una misma exigencia: demostrar de manera creíble el valor que producen y la confianza que merecen.
Durante décadas las universidades se preocuparon por demostrar que existían. Ahora tendrán que demostrar por qué importan. La diferencia parece sutil, pero puede convertirse en una de las transformaciones más profundas que enfrentará la educación superior durante los próximos años.
Las conversaciones que dominan hoy la agenda universitaria parecen recorrer caminos distintos. En algunos países la preocupación gira alrededor de la financiación; en otros, alrededor de la inteligencia artificial; en otros más, alrededor del acceso, la permanencia o la gobernanza institucional. Analizadas por separado, se presentan como desafíos específicos que exigen respuestas particulares. Sin embargo, cuando se observan en conjunto, revelan una tensión mucho más profunda: la creciente necesidad de las universidades de demostrar el valor que generan en una sociedad que ya no está dispuesta a asumirlo como una verdad evidente.
La cuestión resulta incómoda porque interpela una de las bases históricas de la legitimidad universitaria. Durante buena parte del siglo XX bastaba con ser una universidad para que la sociedad reconociera su importancia. Las instituciones de educación superior eran consideradas, casi por definición, motores de movilidad social, desarrollo económico y producción de conocimiento. Su aporte podía discutirse, pero rara vez se ponía en duda. Hoy el escenario es diferente. Los gobiernos enfrentan restricciones fiscales, los estudiantes exigen retornos más visibles de su inversión educativa, los empleadores cuestionan la pertinencia de algunas competencias desarrolladas y las tecnologías digitales transforman la forma en que se crea, distribuye y valida el conocimiento. En ese contexto, la legitimidad deja de descansar exclusivamente en la tradición y comienza a depender cada vez más de la capacidad institucional para generar evidencia sobre los resultados que produce.
No es casualidad que el debate sobre financiación esté cambiando de tono. Durante años la conversación se concentró en cuánto dinero recibían las universidades y cuánto dinero necesitaban para cumplir adecuadamente con su misión. Esa pregunta sigue siendo relevante, especialmente en sistemas que enfrentan limitaciones presupuestales estructurales. Sin embargo, empieza a emerger otra cuestión igual de importante: ¿Cómo demostrar que los recursos invertidos generan valor público?
La presión no proviene únicamente de ministerios, organismos financiadores o agencias de calidad. También surge de estudiantes, familias y empleadores que buscan comprender qué obtienen realmente de esa inversión.
Lo que está en juego no es solamente la eficiencia en el uso de los recursos, sino la capacidad de las instituciones para hacer visible su contribución al aprendizaje, al desarrollo social y a la transformación de los territorios donde operan.
En esta discusión resulta pertinente una observación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En el informe Does Higher Education Teach Students to Think Critically? (2022), la organización advierte que muchas universidades declaran objetivos ambiciosos relacionados con el pensamiento crítico y otras capacidades complejas, pero con frecuencia disponen de menos evidencia de la esperada para demostrar sistemáticamente que esos resultados efectivamente se alcanzan. La observación no cuestiona las intenciones de las instituciones. Cuestiona algo más profundo: su capacidad para demostrar que las promesas formativas se convierten en aprendizajes reales.
La implicación es significativa. Imaginemos dos universidades con trayectorias similares y presupuestos comparables. La primera puede explicar con claridad qué capacidades desarrollan sus estudiantes, cómo evalúa esos aprendizajes, qué evidencia utiliza para tomar decisiones y cómo articula esa información con su estrategia institucional. La segunda fundamenta gran parte de su legitimidad en el prestigio acumulado durante décadas, la tradición de sus programas y el reconocimiento histórico de su comunidad académica.
Ambas pueden ofrecer experiencias formativas de alta calidad. Sin embargo, cuando llegue el momento de justificar nuevas inversiones, responder a cuestionamientos públicos o sostener procesos de transformación institucional, una de ellas contará con una ventaja decisiva: podrá demostrar el valor que genera. La otra tendrá que pedir que se confíe en él.
Por su parte, la inteligencia artificial está acelerando esta conversación de una manera particularmente reveladora. Durante los primeros meses de expansión de las herramientas generativas, gran parte del debate se concentró en una pregunta operacional: cómo evitar que los estudiantes las utilizaran para desarrollar sus trabajos académicos. La preocupación era comprensible. Después de todo, resulta más sencillo intentar controlar una herramienta que revisar supuestos profundamente arraigados sobre la enseñanza y la evaluación.
Sin embargo, la rapidez con la que estas tecnologías han evolucionado ha puesto en evidencia los límites de esa estrategia. La pregunta fundamental ya no es si los estudiantes utilizarán inteligencia artificial. Todo indica que lo hacen.
La cuestión relevante es si nuestras formas de evaluación siguen siendo suficientes para demostrar aprendizaje en un contexto donde producir respuestas ya no es una capacidad exclusivamente humana.
La UNESCO llamó la atención sobre este desafío en su documento Guidance for Generative AI in Education and Research (2023). Allí plantea que las instituciones deben garantizar la integridad académica y fortalecer la validez, la transparencia y la confiabilidad de los procesos mediante los cuales obtienen evidencia del aprendizaje. El énfasis no está puesto en prohibir una tecnología, sino en revisar los mecanismos que permiten afirmar que una persona realmente aprendió.
Este cambio de perspectiva es fundamental porque desplaza la discusión desde la herramienta hacia el diseño mismo del modelo educativo. Pensemos en una situación cada vez más frecuente. Un estudiante entrega un ensayo técnicamente impecable. El texto está bien argumentado, presenta una estructura sólida y utiliza referencias pertinentes. Sin embargo, cuando debe defender sus ideas, transferir los conceptos a un problema nuevo o explicar las decisiones que tomó durante el proceso, muestra dificultades significativas.
La pregunta que emerge entonces es incómoda: ¿Qué fue exactamente lo que evaluamos? Si una institución tiene dificultades para responderla, el problema ya no es la inteligencia artificial. Sino que la tecnología dejó al descubierto debilidades que ya existían en la manera de construir evidencia sobre el aprendizaje.
Algo similar ocurre con los debates relacionados con acceso y participación. En Colombia, discusiones recientes sobre gratuidad han incorporado elementos asociados con representación y participación estudiantil. Más allá de los detalles normativos, la señal es relevante porque muestra que el acceso ya no se entiende únicamente como una cuestión financiera. También se está convirtiendo en una cuestión de gobernanza y legitimidad.
Este cambio refleja una realidad que muchas instituciones todavía subestiman. Gobernar una universidad ya no consiste únicamente en tomar buenas decisiones. También implica construir las condiciones para que esas decisiones sean comprendidas, discutidas y reconocidas como legítimas por comunidades académicas cada vez más diversas y exigentes. La diferencia no es menor. Cualquier institución puede formular un plan estratégico ambicioso. Lo realmente complejo es lograr que ese plan se convierta en una práctica compartida y no en otro documento que descansa silenciosamente en una carpeta institucional.
Vistos en conjunto, los grandes debates de la educación superior ya no giran realmente alrededor de la financiación, la inteligencia artificial o la gratuidad. Giran alrededor de la confianza. Aquella que justifica una inversión pública, que sostiene el valor de una credencial académica, que permite liderar transformaciones sin fracturar a la comunidad universitaria, la confianza que convierte una promesa institucional en una realidad verificable.
Quizás por eso el desafío más importante para las universidades no sea adaptarse a una tecnología específica ni responder a una coyuntura regulatoria particular. El desafío consiste en desarrollar la capacidad de demostrar, de manera sistemática y creíble, el valor que generan. Una capacidad que exige mejores sistemas para recoger evidencia, evaluar aprendizajes, interpretar resultados, fortalecer procesos de gobernanza y tomar decisiones informadas sobre el cambio institucional.
Porque las universidades siempre han producido valor. Lo que está cambiando es que ya no basta con afirmarlo. Ahora tendrán que demostrarlo.
¿Qué evidencias tiene hoy su institución para demostrar el valor que genera más allá de su historia, su prestigio o sus convicciones?
Responder esa pregunta exige mucho más que indicadores para un informe de gestión o métricas para un proceso de acreditación. Supone desarrollar capacidades institucionales para comprender el aprendizaje, analizar sus resultados, fortalecer la toma de decisiones y gestionar las transformaciones que esos hallazgos demandan.
En Estudio Elefante creemos que esa es una de las conversaciones más relevantes para la educación superior contemporánea: cómo construir sistemas que permitan hacer visible el valor que las instituciones generan y convertir esa evidencia en una herramienta para aprender, transformarse y fortalecer la confianza que la sociedad deposita en ellas.
Referencias
OECD. (2022). Does Higher Education Teach Students to Think Critically? París: OECD Publishing.
UNESCO. (2023). Guidance for Generative AI in Education and Research. París: UNESCO.
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