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La Educación Superior como Derecho Fundamental ¿Qué está en discusión?

Por: José Andrés Martínez Silva

Director General de Estudio Elefante


Si tiene algún comentario o sugerencia agradecemos nos lo haga saber a través del correo info@estudielefante.co

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El Ministerio de Educación Nacional de Colombia - (MEN), presenta en el proyecto de Reforma a la Ley 30 de 1992, la declaración de la Educación Superior como un derecho fundamental. Pasar de entender la Educación Superior como un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado, a un Derecho Fundamental tiene implicaciones que deben ser consideradas con detenimiento.

En esta Columna de Elefantes nos referiremos a dos implicaciones que traería declarar la Educación Superior en Colombia como Derecho Fundamental.


Esperamos contar con el tiempo para continuar avanzando por los diferentes capítulos del proyecto de reforma de la Ley 30, pero a riesgo de no poderlo hacer, renunciamos públicamente a la prisa de participar apresuradamente en un debate de por sí acalorado y acogemos, en lugar de esta, la prudencia y el discernimiento que se requieren para analizar un texto que nos afecta a todos.

Implicación Económica


Al ser considerada la educación como un derecho fundamental el Estado tendría la obligación de garantizar su financiación adecuada para que todos los ciudadanos tengan acceso a ella. Lo anterior implica mucho más que la declaratoria de 500 mil nuevos cupos, requiere adicionalmente, brindarle a las IES los recursos necesarios para poder atenderlos y para poder desarrollar su labor en condiciones óptimas.


Para entender lo que esto significa conviene mencionar primero la deuda que la nación tiene con las Instituciones de Educación Superior de carácter oficial. De acuerdo con la información publicada por ASCUN (Universidad SURCOLOMBIANA, 2022), si en este momento el Estado quisiera ponerse al día con las universidades que componen el Sistema Universitario Estatal (SUE) tendría que girarles cerca de 15 billones de pesos.


En segundo lugar es necesario señalar que, en el Presupuesto General de la Nación para el 2023 el Ministerio de Educación Nacional obtuvo una asignación de 48.2 billones de pesos (Ley De Presupuesto 2023, 2022), de los cuales 43.4 billones están destinados a gastos de funcionamiento y 4.8 billones a inversión. Esa inversión se desglosa, de acuerdo con el documento oficial de la siguiente manera:

  • Programa "Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media": $1.114.446.815.164

  • Programa "Calidad y Fomento de la Educación Superior": $3.668.017.853.527

  • Subprograma "Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Educación": $47.418.493.374

Si bien es claro que el programa de fomento a la Educación Superior es el que cuenta con un mayor presupuesto (3.6 billones de pesos) dicho monto se ve pequeño frente a la deuda que actualmente se tiene con las Instituciones de Educación Superior públicas, deuda generada por el costo real que implica atender a un estudiante en el sistema.


Aunque no es fácil determinar el valor de atender a un estudiante en una universidad pública, diferentes publicaciones nos permiten establecer un marco para estimarlo. De acuerdo con un artículo publicado en el portal de la Universidad de Antioquia (Soto Lombana, 2018) el costo anual por estudiante en el 2017 era de $9.531.884. Por su parte, la Oficina de Planeación y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, elaboró en el 2017 un estudio de costos por estudiante (Rico Higuita, 2017) según el cual, el costo anual promedio de atener un estudiante en el 2016 era de $8.367.607. Podemos decir entonces, tomando estos dos datos, que en promedio, para el 2016, el costo por estudiante en una universidad pública se encontraba alrededor de los 9 millones de pesos, lo cual implica que para el 2022 ese valor, ajustado por la inflación acumulada en el periodo 2016-2022, sería aproximadamente de 12 millones de pesos.


En términos de población y de acuerdo con las cifras más recientes publicadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2023) el comportamiento de la matrícula en Educación Superior para los periodos 1 y 2 del año inmediatamente anterior fue el siguiente:

Periodo

​Comportamiento Matrícula IES Oficiales

​Comportamiento Matrícula IES Privadas

Total

​2022-1

903.200

1.114.097

​2.017.297

2022-2

​886.511

1.108.183

1.994.694

Sin que sea un cálculo exacto ni mucho menos, podríamos tomar el valor asignado para el funcionamiento de las universidades públicas del presupuesto nacional: $4.975.672.412.404 (casi 5 billones de pesos) y dividirlo por el total de estudiantes matriculados en el 2022-2 en las IES del sector oficial: 886.511 y obtendremos un valor aproximado de $5.612.645 es decir el 46.78% del costo anual por estudiante que habíamos calculado previamente.


El ejercicio anterior muestra, que a pesar de los esfuerzos de los últimos gobiernos por incrementar el presupuesto destinado a la Educación Superior, este resulta aún insuficiente para cubrir el costo que para las universidades públicas representa el nivel de matrícula actual y resolver además el déficit acumulado que la nación tiene con ellas. En esta situación ¿Realmente puede el Estado garantizar el derecho fundamental a la Educación Superior?

Cupos e Infraestructura


La segunda consideración sobre esta modificación tiene que ver con los cupos autorizados y la infraestructura disponible, pues garantizar el derecho a la educación superior implicaría aumentar (incluso en un número superior a los 500.000 cupos que propone el gobierno) los cupos autorizados para los diferentes programas que se ofertan en las Instituciones de Educación Superior de carácter oficial y este aumento implica un ajuste en la infraestructura disponible para garantizar el correcto desarrollo de cada programa. Esto en sí mismo ya plantea un problema, al que el Rector de la Universidad Javeriana propone una interesante solución (Lopera, 2023).

Pero alguien se ha puesto a pensar ¿Qué pasa con los cupos de los programas del área de la salud? Si hoy en día hay problemas para garantizar los cupos de práctica en los programas en este área ¿Qué podría ocurrir frente a un incremento desbordado de los cupos disponibles que garantice el derecho fundamental de la educación superior?

Si bien es muy probable, como lo dijo Wasserman en su columna el pasado mes de agosto (Wasserman, 2023);

Que nadie se oponga a la idea de declarar la educación superior como un derecho fundamental, conviene que al momento de votar esta declaratoria se incluyan en el análisis datos que permitan comprender las consecuencias que el país tendrá que afrontar una vez el cambio se materialice.
 

Fuentes:


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